Tras enterarme de que aquella ayuda recolectada en el canal dos y en otros centros había sido utilizada para otros fines como la venta de las mismas...me dió tanta indignación que nisiquiera puedan tomar en cuenta que aquellas personas,que todos los días mueren de frío tan solo esperan un puñado de ayuda por parte de nosotros y que encima se las roben o las usen para venderlas.....ESTO ES EL COLMO!!!!....¿DONDE ESTAMOS?......Creo que solo falta que estemos en la misma situación de nuestros hermanos puneños para ENTENDERLO!!!
La matanza de 24 policías en Bagua e Imazita no debe quedar como un episodio más de la escalada de violencia que, desde hace varios años, impulsan en el país en nuestro país los grupos chavistas locales con el fin expreso de desacreditar al sistema democrático y de allanar el camino para que tome el poder una opción política totalitaria.
La ciudadanía espera, con justa razón, que los autores materiales e intelectuales de este crimen abominable sean identificados, capturados y castigados con todo el rigor de la ley, lo más pronto posible. El problema es que la historia reciente nos enseña que esta expectativa ha acabado siempre convertida en frustración.
Una vez más, hemos escuchado a las más altas autoridades del Ejecutivo y del Congreso prometer que castigarán los responsables de este nuevo baño de sangre, “caiga quien caiga”. Yo, francamente, no les creo.
¿Alguien ha sido condenado por la muerte de los tres policías asesinados a tiros durante el desalojo del bosque de Pomac, ocurrido en enero pasado? Que se sepa, nadie.
¿Quién ha sido sentenciado por el ataque y secuestro de 60 policías registrado en octubre del año pasado en el puente Montalvo de Moquegua? ¿Qué castigo han recibido los que asaltaron y quemaron la comisaría de Celendín en marzo del 2008, o los que atacaron la comisaría de Juanjui en diciembre de ese mismo año? Tampoco hay respuesta.
Nos faltaría espacio para recordar todas las agresiones que ha sufrido la autoridad policial durante los últimos años por parte de turbas enardecidas que actúan siempre azuzadas por agitadores que buscan desestabilizar la democracia.
Es fácil acusar a los agitadores y cargar sobre ellos toda la culpa de esta situación de anarquía y desgobierno que corroe los cimientos del estado de derecho, cuando el fondo del problema es otro: la complicidad del estado y de algunas instituciones sociales con esos grupos.
No es que el estado se ponga de acuerdo con los chavistas y las ONG caviares para desatar la violencia en el país; se trata de una complicidad por omisión en la que han incurrido ciertos gobernantes y legisladores por ignorancia, cálculo político o interés electoral.
Tampoco quiero decir que las instituciones aludidas se confabulen con los grupos que alientan el vandalismo y el sabotaje; sino que han adoptado como válidos falsos valores, creyendo de buena fe que son democráticos.
Así hemos llegado a la absurda situación en que el principio de autoridad es socavado desde el propio estado y desde la sociedad, los cuales han aprobado como legítimas diversas normas y criterios que criminalizan de hecho la labor policial, militar y de inteligencia.
Según la Constitución, el estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y es legítimo que recurra a ella para mantener el orden y para proteger a la sociedad; sin embargo, ese mandato ha sido desplazado por una penalización de facto del derecho del estado a defenderse contra violencia.
Se han impuesto la idea absurda de que represión policial es sinónimo de crimen, de que el estado está obligado a dialogar con quienes utilizan la violencia para plantearle reclamos, y de que es criminal responder con la fuerza pública a los grupos que recurren a la violencia.
Cuando los agitadores y la turba rodearon a los policías en la estación del oleoducto de Imazita, estos tuvieron dos alternativas: rechazar el ataque con sus armas, con lo cual habrían salvado sus vidas e impedido la ocupación del oleoducto, o ceder a la presión de los agresores.
La primera opción la descartaron de plano porque si un agresor moría el propio estado que les había enviado para proteger el oleoducto iba a condenarlos como criminales, así que buscaron el diálogo con la turba, pero fueron asesinados cruelmente.
Casi el mismo trance vivieron los policías atacados en Moquegua, Pomac, Celendín y Juanjui. Se sintieron atados de manos, impotentes de actuar, desamparados, abandonados a su suerte por el mismo estado que los había enviado a enfrentarse con los vándalos y criminales.
Por eso el mejor homenaje a nuestros 24 mártires de Bagua sería acabar de una vez con el abandono legal en que se encuentran nuestros policías y militares por parte del estado, el cual los deja indefensos cada vez que las ONG de derechos humanos los acusa de supuestas violaciones de derechos humanos.
Los policías asesinados en Bagua han muerto por culpa de los asesinos, pero también por culpa del estado incapaz de imponer el respeto a la autoridad. La izquierda le ha hecho creer a éste –igual que a cierta prensa – que reprimir la violencia es autoritarismo. Por eso se paraliza mientras aquella lo desborda, por miedo a que lo llamen “autoritario”.
Y cuando digo el estado, me refiero al gobierno, al Congreso, la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y al Poder Judicial, instituciones que han asumido como legítima la doctrina de las ONG que criminaliza el uso de la fuerza pública.
El Congreso tolera la persecución judicial contra policías y militares que cumplen su deber, mientras que los representantes del sector Justicia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se allanan de manera sistemática ante las acusaciones presentadas por las ONG contra nuestros policías y militares.
El Ministerio Público y el Poder Judicial permiten que esas mismas ONG den cursos de “capacitación” a fiscales y jueces, a quienes les enseñan cómo deben procesar las denuncias planteadas por los mismos “capacitadores” contra policías y militares, presumiendo siempre culpables a los denunciados.
El ministro de Defensa ha anunciado la creación de una Defensoría del Militar para que defienda a los militares, lo cual es absurdo porque es el mismo estado el que los acusa y los persigue. ¿No es mejor acaso acabar con el andamiaje legal que hace posible la persecución, y cortar así, de una vez por todas, con tales mecanismos perversos?
En vez de crear esa Defensoría, el ministro debería pedir que los juzgados, tribunales y fiscalías especiales de DDHH sean conducidos por magistrados ajenos a la influencia ideológica de las ONG caviares, independientes y comprometidos con el estado de derecho.
La noche del domingo último, cuando se había confirmado el asesinato de 24 policías en Bagua, el canal de cable del grupo El Comercio entrevistó casi una hora a un “analista” político de vieja militancia comunista, quien hizo malabares para racionalizar lo irracional, buscando argumentos antropológicos, culturales, etc., para justificar la matanza.
El mensaje que dejó fue: la culpa es del sistema político porque es incapaz de resolver los problemas y porque recurrió a la policía en vez de aceptar las exigencias del “pueblo”. El televidente debe haber llegado a la conclusión falsa de que la democracia es ineficiente, injusta y genera violencia y muerte. No lo dijo, pero quedó claro: Humala es la alternativa.
¿Hay tanta ingenuidad en ese medio como para dejarse meter semejante contrabando político ideológico? Creo que el canal actuó de buena fe, y convocó al analista caviar porque también cree que si el estado recurre a la fuerza es autoritario. Un ejemplo ilustrativo de cómo se han impuesto conceptos falaces como reales.
Los directivos de esa empresa periodística deberían meditar al respecto y preguntarse ¿cuándo un gobierno democrático debe recurrir a la fuerza? ¿Por qué nunca debe hacerlo si el uso de ese recurso está consagrado en la Constitución? ¿Creen ustedes de veras que la culpa de lo sucedido es del sistema democrático?
En otro plano, la matanza de Bagua abrió un momento de definiciones en el que se ha decantado nítidamente quién está del lado de la democracia y quién están del lado del totalitarismo que conspira para desestabilizarla, en la perspectiva de liquidarla.
El presidente de la república dejó en claro en carácter político de la asonada en la selva al señalar cómo lo que debía ser una protesta social se convirtió en los hechos una acción coordinada y bien planeada de sabotaje al sistema energético nacional y a las redes de abastecimiento de alimentos del norte y del sur del país.
El mismo día que fueron asesinados los policías, grupos organizados y armados con bombas incendiarias atacaron puntos estratégicos de Bagua, para sembrar el caos. No hubo un desborde espontáneo de una masa sino un ataque selectivo hacia objetivos políticos claros.
Frente a hechos tan evidentes, el Apra, Unidad Nacional, Renovación Nacional, Somos Perú, el fujimorismo y Solidaridad Nacional cerraron filas en defensa del sistema democrático, mientras que el humalismo y la izquierda caviar apoyaron abiertamente la asonada, y Toledo la justificó oportunistamente sacando un pésimo cálculo electoral.
Patético el papel de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien siguió presionando al Ejecutivo a que se siente a negociar con los dirigentes de los nativos, como si nada hubiese pasado, después del asesinato en serie de los agentes del orden.
Merino se dio tiempo además para insinuar un ocultamiento de detenidos por parte del ejército, al afirmar que había encontrado 39 intervenidos en el cuartel de Bagua, mientras que el Ministerio Público había reportado 20 detenciones. Lo que no dijo es que los 19 restantes fueron arrestados después de que la fiscalía hizo su reporte.
A los humalistas y a las ONG caviares se les cayó la careta y mostraron su verdadero rostro totalitario al encubrir los primeros la fuga del responsable político de la matanza de los policías, Alberto Pizango, y al asumir las otras la defensa legal del cabecilla y de sus cómplices.
La nave se perdió en el mar el último domingo de mayo con 228 personas a bordo. Las autoridades se han propuesto recuperar todos los cuerpos
Recife, Brasil (DPA). Los equipos de rescate recuperaron hoy ocho cuerpos más de ocupantes del Airbus de Air France que cayó al Océano Atlántico el 31 de mayo con 228 personas a bordo, lo que elevó a 24 la cifra de víctimas retiradas del mar.
Según informaron hoy la Aeronáutica y la Armada brasileñas, las víctimas rescatadas hoy fueron ubicadas en una región donde la profundidad llega a 3.500 metros y que está a 440 kilómetros a noreste del archipiélago de Sao Pedro y Sao Paulo, algo más allá de las aguas territoriales de Brasil.
El portavoz de la Aeronáutica, Henry Munhoz, aseguró que el objetivo de los trabajos de búsqueda, que movilizan hoy a 825 militares brasileños, 14 aeronaves (dos de Francia) y seis embarcaciones (una francesa) es de recuperar a los restos de todos los 228 ocupantes de la aeronave siniestrada.
Munhoz recordó que, en octubre de 2006, los militares brasileños lograron ubicar y rescatar a 154 víctimas de un accidente aéreo ocurrido sobre la selva amazónica.
“Hoy tenemos otro reto, quizás mucho más grande, porque hoy tenemos en la “Amazonia azul” a 228 personas aguardando nuestro rescate. Nuestra misión es difícil, y puede que muchos no crean que podamos realizarla, pero quiero que todos sepan que nuestro objetivo es no dejar a nadie atrás”, enfatizó.
Según el portavoz de la Armada, el capitán Giucemar Tabosa, los 16 cadáveres rescatados durante el fin de semana llegarán probablemente en la mañana de este martes a la isla de Fernando de Noronha, a bordo de la fragata “Constituiçao”.
Los otros ocho cuerpos rescatados hoy por brasileños y franceses también iniciaron su jornada rumbo a Fernando de Noronha a bordo de otra fragata de la Armada local, “Bosísio”, pero todavía no hay previsión sobre la fecha de su llegada.
Mañana se espera iniciar el proceso de identificación de los cuerpos, que serán sometidos inicialmente a un examen preliminar en Fernando de Noronha y luego serán trasladados a Recife, para ser identificados por expertos forenses.
La Policía Federal brasileña dedicó el último fin de semana a cosechar material de código genético (ADN) de familiares de los ocupantes del Airbus A330-200.
Además, las autoridades brasileñas pidieron a los parientes que suministren objetos de uso personal de las víctimas -como cepillos de pelo y de dientes- así como informaciones sobre sus atuendos y joyas y cualesquiera exámenes radiológicos que puedan contribuir al trabajo de identificación.
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, expresó hoy en su programa radial semanal “Desayuno con el Presidente” su esperanza de que la Armada y la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) logren recuperar los restos mortales de todas las víctimas del peor accidente de la aviación civil de los últimos ocho años.
22:04 | El titular de Indecopi, Jaime Thorne, indicó que esto será posible si se declara en concurso a la televisora como fue solicitado por la Sunat.
(Andina / elcomercio.com.pe).- El futuro de Panamericana Televisión y quién lo administrará será definido dentro de unos cuatro meses, según los plazos que maneja el Indecopi para este tipo de procesos de insolvencia, afirmó hoy el presidente de Indecopi, Jaime Thorne.
“La junta de acreedores (de Canal 5) tendrá mayoritariamente que resolver si se va a una liquidación o reestructuración (de la empresa) y tendrá que decir quién administrará Panamericana Televisión”, expresó a Canal N.
Esto sucederá, explicó, una vez que se convoque a concurso, luego de lo cual, precisó, deberá publicitarse el caso para que todos los que se sientan con derecho concurran a la junta de acreedores.
Sin embargo, subrayó que para ello Indecopi debe primero aceptar el pedido de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, uno de los principales acreedores de la televisora, para declarar en concurso a canal 5.
“El concurso no se ha iniciado y en la medida en que no hay un concurso, no hay nada. El mínimo de deuda para ello es de 50 UIT (177 millones 500 mil soles)”, aseveró.
El funcionario agregó que la Sunat tiene que haber acompañado evidencias de que las deudas exceden ese monto.
“El pedido de la Sunat será resuelto por la Comisión Concursal de Indecopi Una vez que Indecopi declare el concurso todas las acciones con relación al caso quedan paralizados”, enfatizó.
También destacó que Indecopi recibe muchas solicitudes y muchos expedientes de concurso, además de subrayar la complejidad de estos pedidos.
“Además de las formalidades que encuadra la solicitud tiene que determinarse la existencia de los créditos y ver que efectivamente quien reclama tiene el derecho”, dijo.
Asimismo, resaltó la reserva de todos los expedientes que sigue la Comisión Concursal de Indecopi. “He conocido el tema cuando la Sunat declaró que tenía un expediente que lleva a concurso a Panamericana Televisión”, concluyó.
Y es que yo recordaba hace poco haber visto los programas, del “padre” Alberto donde siempre recalcaba tener paz en nuestros corazones, brindar amor a quien lo necesita, compresión, tolerancia pero sobre todo mencionaba una y otra vez la sinceridad, y confianza hacia Dios, yo me preguntó donde se fue todo lo que mencionaba en el programa?? Ahora se muestra muy feliz al lado de Buni Canellis su actual novia…diguó actual por que ya con todo esto no se sabe si hubo algunas otras que estaban tan escondidas como está… señora …..Que pensó el padre que nunca se iva a saber?? Yo creo que hasta se expusó a las cámaras para no tener que lidiar más con su tremenda mentira!!!.... Es importante destacar que si eligió ser sacerdote y servir a Dios, sabía que esta decisión conlleva cumplir las normas y reglas del sacerdocio, pero creó que a el padre Alberto se le olvidó….Cayó en las tentaciones de Buni Cannellis a las cuales parece no haber resistido…….
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, invitó hoy al escritor Mario Vargas Llosa y al resto de ponentes del Foro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), a debatir en su programa dominical “Aló Presidente”.
Según informa el diario venezolano El Universal , la invitación fue idea del presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), Roberto Hernández, quien sostuvo que “muchos de estos intelectuales hablan de la falta de libertad de expresión en el país cuando paradójicamente están emitiendo declaraciones sobre lo que piensan”.
En ese sentido, Chávez Frías sostuvo: “Lo digo con mucha seriedad, ustedes (en el Celarg) que están en contacto con estos invitados internacionales díganles que como aquí no hay libertad de expresión los estamos invitando a un debate”.
“Qué bueno sería un “Aló Presidente” especial. Yo me aparto y los dejo a ustedes que debatan, yo me siento entre el público, que sean invitados de la derecha y los socialistas”, dijo el mandatario.
Por su parte, el presidente del Celarg, reiteró que esperan a los intelectuales “de derecha” en el Celarg “o donde ellos digan, que ellos dispongan dónde debatimos, ellos con sus fusiles teóricos y nosotros con los nuestros”.
Estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martin de Porres, Especialización: Periodismo,requiero encontrar y mostrar al mundo un periodismo veraz y objetivo, de tal manera de informar correctamente a las personas.
